La dirección de 'Sálvame' implicada en una trama ilegal de espionaje de famosos

En 2018 la policía inició una investigación denominada 'Operación Deluxe' tras comprobar que un programa de Telecinco, 'Sálvame', tenía acceso y hacía públicas informaciones sobre famosos que pertenecerían a bases de datos reservadas, tal y como revela hoy el diario El Mundo, que ha tenido acceso al sumario de la causa y afirma que la dirección del programa "propulsó una investigación ilegal a 140 famosos".

Según se desprende del sumario, el programa habría filtrado datos procedentes de la Dirección General de Policía relacionados con toda clase de asuntos personale, llegando al punto de filtrarse informaciones sobre casos de menores y violencia de género.

Al parecer, un agente que responde a las siglas A.J.F.H. sería el responsable de las filtraciones a un miembro de la dirección de Sálvame, concretamente a Gustavo González. Gustavo, colaborador y paparazzi del programa, es el primero de los siete imputados, entre los que también estarían el recientemente despedido director del programa, David Valldeperas. La propia Fábrica de la Tele, como persona jurídica, sería la responsable mercantil del caso.

Hasta el momento solo se conoce el nombre de uno de los famosos espiados, Omar Montes, quien se personará como acusación independiente y que, según el diario, sería uno de los famosos investigados más a fondo por el programa. Según el sumario, en la casa de González y en la redacción del programa incluso guardaban "vídeos sexuales" de varias de las víctimas.

Este escándalo se suma a la gran bajada de audiencias que sufre el programa, algo que ha llevado a su dirección a presentar numerosos cambios en las últimas semanas. Así, el 22 de marzo, se conocía que David Valldeperas y Alberto Díaz, directores de 'Sálvame', eran desplazados de su cargo en el programa. A la luz de las nuevas noticias esto podría ser debido al espionaje ilegal y no a la crisis de audiencias tal y como se especuló inicialmente.

Los investigados podrían llegar a ser acusados de un supuesto delito por Descubrimiento y Revelación de Secretos, por el que podrían cumplir una condena de entre 1 y 3 años de prisión.